Fortificación de la frontera entre EEUU y México: el experimento “Hold the Line” de 1993

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2024, el presidente Joe Biden defendió un acuerdo fronterizo bipartidista como “el conjunto de reformas de seguridad fronteriza más duras que jamás hayamos visto.” Instando al Congreso a aprobar el proyecto de ley, Biden hizo hincapié en sus disposiciones para aumentar el número de agentes de inmigración y jueces en la frontera.

También propuso desplegar máquinas avanzadas de detección de drogas para combatir la entrada de fentanilo, responsable, según él, de la muerte de miles de niños. Biden dijo: “Este proyecto de ley salvaría vidas y pondría orden en la frontera.”

Dos meses antes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, había ocupado Shelby Park en Eagle Pass, Texas, desplegando a la Guardia Nacional de Texas para detener a los migrantes y restringiendo el acceso de la patrulla fronteriza federal. La intervención fue la forma en que Abbott tomó el control de los cruces fronterizos, a los que calificó de “invasion” que el gobierno federal no había abordado adecuadamente. 

Aunque Biden y Abbott discrepan en la mayoría de las cuestiones políticas, los dos calificaron la frontera entre Estados Unidos y México de lugar de crisis. Ambos sugirieron reforzar la militarización de la frontera como un paso crucial en la lucha contra la inmigración y la delincuencia.

Las cuestiones fronterizas no son meras cuestiones políticas, por supuesto. Pueden ser peligrosas. Los estadounidenses pueden ver las consecuencias de este tipo de disuasión en el presente.

El 11 de enero de 2024, tras la intervención de Abbott en Shelby Park, una mujer y dos niños—Victerma de la Sancha Cerros, de 33 años, Yorlei Rubi, de 10, y Jonathan Agustín Briones de la Sancha, de 8—se ahogaron mientras intentaban entrar a Estados Unidos. A pesar de las alertas de migrantes en peligro durante su travesía por el río, el Departamento Militar de Texas impidió a la Patrulla Fronteriza estadounidense entrar en el parque.

Este giro conservador en la aplicación de las leyes fronterizas no es un hecho reciente. Más bien, el aumento de la militarización forma parte de una extensa historia que cobró impulso tras la Operación Hold the Line (OHL) en 1993, llevada a cabo en los puertos de entrada de El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 19 de septiembre de 1993, el jefe del Sector Fronterizo de El Paso ordenó un bloqueo entre las dos ciudades para detener la inmigración no autorizada. Su objetivo era hacer frente a la afluencia de inmigrantes situando estratégicamente a los agentes directamente en la frontera para disuadir de los cruces sin autorización. Desde entonces, se ha producido una notable reorientación de la política de control fronterizo hacia la “prevención a través de la disuasión,” lo que ha provocado problemas para los habitantes de las ciudades y ha tenido consecuencias fatales para los migrantes en tránsito.  

OHL presenta un momento crítico para comprender los legados históricos de la aplicación de la ley y la militarización en la frontera entre Estados Unidos y México. Nos permite reflexionar sobre la interconexión de comunidades, ciudades y otros lugares que comparten una identidad económica, social y cultural transfronteriza y preguntarnos: ¿Qué nos dice la relación entre las ciudades fronterizas sobre la aplicación de la ley en la frontera? ¿Qué nos enseñan las reacciones a OHL sobre los planteamientos actuales de la política de inmigración fronteriza?

La naturaleza de las zonas fronterizas

Muchos estadounidenses, especialmente los que no están familiarizados con la dinámica de la región fronteriza, suelen caracterizarla en términos de cruces no autorizados y delincuencia. Los medios de comunicación, por ejemplo, se centran en la afluencia de migrantes centroamericanos y afro-latinos, la admisión y asentamiento de inmigrantes y la pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos a manos de personas sin ciudadanía.

La política de inmigración de Estados Unidos sigue ciertamente esta narrativa.

Un ejemplo claro es la Ley de inmigración de 1924 (Immigration Act of 1924), o Ley Johnson-Reed, que estableció la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos y limitó el número de personas que podían entrar en el país. La Ley pretendía controlar el flujo de inmigrantes, especialmente los procedentes de “países indeseables.” Un artículo del New York Times publicado el 17 de abril de 1924, titulado “America of the Melting Pot Comes to End,” por el senador David Reed (R-PA), copatrocinador del proyecto de ley, demuestra la xenofobia de la Ley.

Otras leyes, como la Ley de inmigración de inmigraión y nacionalidad de 1952 (Immigration and Nationality Act of 1952), la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 (Immigration and Nationality Act of 1965), y la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 (Immigration Reform and Control Act of 1986), entre otras, demuestran el endurecimiento de la frontera sur de Estados Unidos en el siglo XX. La región siempre ha sido objeto de escrutinio, y la mayoría de los estadounidenses están de acuerdo en que la frontera es un lugar donde son necesarios la aplicación de la ley y el control.

Sin embargo, la mayoría de la gente no comprende la relación vital que existe entre las comunidades fronterizas. Las ciudades transnacionales llevan mucho tiempo alimentando relaciones económicas, sociales y culturales simbióticas entre países. Aunque separadas por una frontera nacional, ciudades fronterizas como El Paso y Ciudad Juárez desarrollan una interdependencia a través del trabajo, el comercio, el consumo de bienes y servicios y los lazos familiares y sociales.

Desde 1953, Estados Unidos y México han implementado Tarjetas de Cruce Fronterizo (BCC) para permitir a los nacionales mexicanos entrar a Estados Unidos bajo disposiciones específicas. Estas tarjetas permiten a los visitantes mexicanos permanecer en Estados Unidos hasta 72 horas para motivos como turismo, compras o asuntos personales. Otras formas de entrada autorizadas son los permisos de trabajo, que permiten a los residentes mexicanos obtener empleo en Estados Unidos. 

Sin embargo, la obtención de una BCC es, a menudo, difícil y requiere mucho tiempo. Requiere que los solicitantes mexicanos demuestren que no tienen intención de residir permanentemente en Estados Unidos y que cuentan con seguridad financiera. Este proceso suele ser inaccesible para quienes viven en las ciudades. Como consecuencia, muchas personas que cruzaron la frontera lo hicieron sin autorización.

Antes de la implantación de OHL, muchas personas de ambos lados de la frontera habían dependido unas de otras durante varias décadas. Sin embargo, el bloqueo que restringió el acceso a su ciudad alteró esa relación.

La Operación Hold the Line: El bloqueo de la frontera

La Operación Hold the Line, y la política fronteriza en general, no tuvieron en cuenta la relación simbiótica entre ciudades fronterizas como El Paso y Juárez.

OHL fue idea de Silvestre Reyes, jefe del Sector de Patrulla Fronteriza de El Paso. Se trataba de un experimento destinado a frenar el paso de inmigrantes a través del tramo fronterizo de 32 km que une estos dos centros urbanos. Reyes movilizó a un contingente considerable de agentes de la patrulla fronteriza—400 de los 650 de El Paso—para mantener una presencia continua en la frontera día y noche, siete días a la semana.

Asociando el crecimiento de la delincuencia con el aumento de la inmigración, Reyes propuso reforzar la frontera. Ciertamente, la inmigración mexicana a Estados Unidos había aumentado en las décadas de 1980 y 1990.

El incremento se atribuyó a una grave crisis financiera derivada de los bajos tipos de cambio, la elevada inflación, la inestabilidad política y la dislocación económica provocada por las políticas económicas neoliberales adoptadas por varios países latinoamericanos. Muchos han llamado coloquialmente a la década de 1980 “la década perdida,” debido a la grave inestabilidad financiera que asoló a muchos países latinoamericanos.

Sin embargo, en su decisión de aplicar el bloqueo, Reyes pasó por alto las conexiones entre las dos comunidades. Cuando un periodista de El Paso Times cuestionó su razonamiento, Reyes declaró: “No creo que necesitemos justificación para hacer nuestro trabajo.” Los informes que mostraban una reducción de los cruces y de los índices de delincuencia convencieron a Reyes de que el experimento fronterizo había tenido éxito.

De todos modos, las repercusiones de largo alcance de OHL incluyeron una política duradera de “prevención a través de la disuasión“ y una nueva relación entre las ciudades fronterizas. La población local, consciente de las posibles repercusiones de la intensificación de la represión y la militarización, se lanzó a la calle para protestar.

Los residentes de El Paso reaccionan ante la operación

Al inicio del bloqueo, los residentes de El Paso expresaron reacciones diversas. El 21 de septiembre de 1993, dos días después de su puesta en marcha, algunos residentes sugirieron que la patrulla fronteriza estaba haciendo un buen trabajo en la lucha contra la inmigración no autorizada y que debían persistir todo el tiempo que fuera necesario.

Un residente comentó al El Paso Times: “Espero que la agencia siga así desde ahora hasta California.” Los que están a favor de la operación expresaron que ya era hora de que México comprendiera que tenía que cuidar de los suyos.

Sin embargo, otros no opinaban lo mismo. Algunos afirmaron que el militarismo en la frontera no ayudaba a resolver los problemas socioeconómicos que eran la raíz del problema.

La gente de El Paso protestó contra el bloqueo, afirmando su impacto divisivo en el estrecho vínculo con su ciudad hermana. Muchos expresaron su preocupación por los efectos adversos del bloqueo en la economía de El Paso y temieron consecuencias devastadoras para sus familias. Numerosos residentes tenían parientes viviendo a ambos lados de la frontera.

Grupos como Unite El Paso y Border Rights Coalition de El Paso se opusieron a la militarización. Sus esfuerzos atrajeron la atención nacional, y llegaron cartas de solidaridad de organizaciones como la Pro-Immigrant Mobilization Coalition, el American Indian Movement (AIM) y otras organizaciones activistas nacionales.

Un grupo local, Operation Bridge Builders, surgió como respuesta al impacto divisivo del bloqueo. Fundada el 30 de septiembre de 1993, la organización articuló tres posturas clave. En primer lugar, cuestionaba la eficacia del bloqueo citando datos del departamento de policía que indicaban un impacto mínimo en la tasa de delitos. En segundo lugar, afirmaba que el bloqueo suponía un perjuicio real para El Paso. En tercer lugar, hizo hincapié en el deterioro de las relaciones entre El Paso y Juárez.

Durante su primera rueda de prensa, el grupo instó a los ciudadanos de El Paso a rechazar a los “autoproclamados salvadores con armas y material antidisturbios” y a poner fin al bloqueo. “En su lugar, insistimos en los puentes,” afirmaron.

Operation Bridge Builders organizó un picnic binacional en la frontera para mostrar la unidad entre las ciudades el domingo 3 de octubre. Los asistentes, tanto de El Paso como de Juárez, se reunieron con carteles en los que expresaban su oposición a OHL, incluido uno con el mensaje “Todos somos inmigrantes.”

Una activista de EL Paso, Suzan Kern, vestida como la Estatua de la Libertad, hizo hincapié en la necesidad imperiosa de una solución binacional que eleve a ambas ciudades. El picnic se erigió en un potente emblema de unidad y solidaridad, subrayando sus aspiraciones compartidas de entendimiento mutuo en medio del bloqueo.

Además de las organizaciones locales, los miembros del clero de El Paso surgieron como líderes contra OHL. El 14 de octubre, el obispo católico de la diócesis de El Paso, Raymundo Peña, escribió una declaración que resonó mucho más allá de los muros de sus iglesias. No habló de ciudadanía, sino de humanidad, reconociendo la difícil situación de los “inmigrantes de día,” es decir, los que cruzan la frontera a diario.

Peña alentó el desarrollo de un complejo metropolitano El Paso-Ciudad Juárez que reconociera la interconexión entre las ciudades y las naciones. Pidió una moratoria de entre seis meses y un año que permitiera examinar los procedimientos de inmigración que contribuyen a las dificultades a las que se enfrentan los residentes de las ciudades, aunque su petición fue ignorada.  

El debate en torno a OHL se intensificó en medio de una creciente oposición y llamamientos a la comprensión. Cuando los líderes comunitarios de El Paso se unieron contra el bloqueo, sus voces resonaron en todo el territorio fronterizo. A pesar de sus esfuerzos, la aplicación de una vigilancia fronteriza militarizada siguió ensombreciendo las vidas interconectadas de quienes residen en las ciudades.

A medida que los efectos de OHL se extendían por la región, la comunidad juarense de México se vio envuelta en una lucha que ponía en peligro sus puestos de trabajo y, en última instancia, sus medios de vida.

La respuesta juarense a la operación Hold the Line

El OHL afectó sobre todo a los habitantes de Ciudad Juárez. A medida que México experimentaba una crisis económica en las décadas de 1980 y 1990, muchos juarenses dependían del trabajo mal pagado disponible en la vecina El Paso. Cruzar la frontera hacia El Paso había ofrecido un trabajo escaso pero esencial, principalmente en los sectores doméstico y agrícola.

La dinámica entre las ciudades cambió drásticamente a raíz de OHL. La nueva política transformó un viaje de ida y vuelta al trabajo en una prueba de enormes proporciones, alterando el flujo y reflujo familiar de la vida fronteriza.

Al negárseles la entrada, cientos de juarenses se congregaron en el puerto de entrada, coloquialmente conocido como el “Puente Libre,” alzando sus voces en señal de desafío. “¡Viva México!”, gritaban, una declaración de orgullo ante la adversidad. Impacientes, corearon “¡Queremos trabajar!”

Los ánimos se intensificaron el 22 de septiembre de 1993, cuarto día de bloqueo. En un acto de desafío, los manifestantes de Juárez prendieron fuego a una bandera estadounidense, símbolo de su descontento con las tácticas de mano dura del gobierno “yanqui.” En medio del caos, los miembros del Partido del Comité de Defensa del Pueblo (CDP) se unieron a las protestas, engrosando sus filas con estudiantes, profesores, agricultores y trabajadores unidos en su lucha por los derechos humanos fundamentales en el estado mexicano de Chihuahua.

Miguel Besoberto, líder del CDP, se opuso al bloqueo y proclamó la resistencia de los migrantes no autorizados que trabajaban en suelo estadounidense. Indicó que los inmigrantes indocumentados son los que han hecho fuerte a Estados Unidos. Besoberto declaró: “Son los latinos los que hacen producer sus tierras, los que realizan los peores y más mal pagados trabajos y siempre han sido tratados con la punta del pié.”

Los creadores del bloqueo justificaron sus acciones señalando los elevados índices de delincuencia y la inmigración ilegal rampante de la región. Pero en sus esfuerzos por abordar estos problemas, no tuvieron en cuenta la realidad de que numerosos juarenses dependían en gran medida de los movimientos transfronterizos para encontrar oportunidades de empleo.

Las crónicas del periódico local El Fronterizo arrojaron luz sobre estas cuestiones. Las entrevistas con los residentes destacaron la importancia de trabajar en Estados Unidos y ganar un salario en dólares estadounidenses. También reconocieron que su trabajo era esencial en sectores en los que se dependía de la mano de obra mexicana.

Una persona señaló: “Muchas personas de este lado de la frontera recibimos un salario miserable que no es suficiente para mantener a nuestras familias. Por eso mucha gente se dedica a cruzar a la vecina ciudad de El Paso, donde muchos vamos a trabajar.” Y otro agregó: “No vamos robar ni delinquir a los Estados Unidos de Norteamérica, sino a ganarnos el diario sustento realizando labores que los yanquis no quieran realizar por considerarlas humillantes para su ‘sangre azul.’”

A pesar de no tener intención de quedarse en Estados Unidos, muchos juarenses se encontraron con barreras burocráticas y obstáculos logísticos para obtener un BCC, sobre todo para demostrar su estabilidad económica. En consecuencia, por necesidad y quizá como desafío directo, recurrieron a cruzar la frontera sin estatus para buscar empleo. La nueva política etiquetó de hecho a todos como ilegales.

Al final, las reacciones de los juarenses contra OHL muestran la necesidad de políticas de inmigración más eficaces y humanas que aborden tanto la entrada legal como los cruces no autorizados, reconociendo al mismo tiempo las complejidades de la dinámica fronteriza.

El legado imperecedero del bloqueo

Concebido como un breve experimento fronterizo para combatir la inmigración no autorizada, el impacto de OHL persiste en la región.

Los oficiales de inmigración estadounidenses aclamaron OHL como un éxito inmediato después de su aplicación, citando su papel en la reducción de las aprehensiones a lo largo de la frontera. OHL se convirtió en un modelo para el aumento de la militarización de la frontera en la década de 1990, una estrategia conocida como “prevención a través de la disuasión.” Y ahora, la tecnología de vigilancia de alta tecnología y las infraestructuras en la frontera entre Estados Unidos y México han sustituido al muro de agentes fronterizos de Reyes.

La nueva política intensificó la presencia de la vigilancia fronteriza en las zonas urbanas con la esperanza de disuadir a la inmigración no autorizada. El presidente Bill Clinton, impresionado por los resultados de la operación, ordenó la ampliación de medidas como la OHL a otros pasos fronterizos urbanos.

En consecuencia, se puso en marcha la Operación Gatekeeper en el corredor San Diego-Tijuana en 1994, la Operación Safeguard en el sector Tucson de Arizona en 1995 y la Operación Río Grande en el sector McAllen de Texas en 1997, todas ellas con los objetivos iniciados por OHL: mantener una “demostración de fuerza,” disuadir la inmigración y amplificar la militarización de la frontera.

En una rueda de prensa el 7 de febrero de 1995, Clinton alabó estas iniciativas, destacando su papel en el freno de la inmigración no autorizada y la reducción de la delincuencia.

“Una de las bases de nuestra lucha contra la inmigración ilegal ha sido una política de mano dura en nuestras fronteras,” declaró a los periodistas. “Mientras hablamos, estas iniciativas están marcando una diferencia sustancial. La inmigración ilegal ha descendido, la delincuencia también. Y mi presupuesto en estrategia de inmigración se basa en ese éxito.”

Como resultado, entre 1993 y 1997, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza aumentó drásticamente de 362 millones de dólares a 727 millones de dólares y el número de agentes de la Patrulla Fronteriza aumentó de 3,991 a 6,848.

Además, Clinton firmó la Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, que reforzó la valla fronteriza entre Estados Unidos y México. Este refuerzo incluyó incluso plataformas de aterrizaje de helicópteros reutilizadas de la guerra de Vietnam.

La estrategia de prevención mediante la disuasión forzó un cambio en los flujos migratorios, principalmente reforzando la militarización y la aplicación de la ley en los cruces urbanos.

Los migrantes empezaron a navegar por peligrosas regiones desérticas y cruces de ríos. Este cambio ha provocado numerosas muertes, y Human Rights Watch informa de que el enfoque de prevención mediante la disuasión ha contribuido a un mínimo de 10,000 muertes en la frontera en los últimos 30 años, una cifra sin duda subestimada debido a la dificultad de documentar estas muertes.

Retos y realidades de la vida en la frontera

En las últimas tres décadas, la militarización a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado drásticamente. Las personas que desean cruzar la frontera deben enfrentarse a registros con perros K-9, tecnología militar avanzada de escaneado y largas colas de hasta tres horas para entrar a Estados Unidos.

Esta espera no es sólo un breve inconveniente; se ha convertido en una realidad diaria para las personas que esperan en la fila, muchas de las cuales cruzan para ir a la escuela, al trabajo o para estar con la familia. La frontera, que antes era un mero límite geográfico, se ha convertido en un reto integrado en el día a día.

Las operaciones fronterizas de la década de 1990 ofrecieron una solución a corto plazo, pero no abordaron las causas profundas ni tuvieron en cuenta la dinámica multifacética de las comunidades fronterizas. El activismo de los habitantes de El Paso y Juárez demuestra que la militarización de la frontera tiene limitaciones y es ineficiente para abordar las complejidades de la seguridad fronteriza. Resultó difícil y, lo que es peor, mortal.

En primer lugar, como prueba y luego como legado duradero de la aplicación de la ley en la frontera, los arquitectos de la OHL no tuvieron en cuenta la dinámica multidimensional de las zonas fronterizas, lo que tuvo trágicas consecuencias que se han cobrado miles de vidas.

Esta historia pone de relieve los riesgos de considerar la región fronteriza como algo monolítico. Así, cuando el gobernador Abbott afirma el compromiso de Texas de mantener la línea a través de sus mensajes en X, antes conocido como Twitter, y cuando el presidente Joe Biden pide medidas fronterizas más estrictas, utilizando incluso la palabra “ilegales” para describir a los inmigrantes durante el discurso sobre el Estado de la Unión, deberían evitar describir la región únicamente en términos de ilegalidad, invasión o crisis.

La experiencia de la operación Hold the Line subraya la necesidad de adoptar enfoques de seguridad fronteriza que tengan en cuenta los profundos lazos históricos y la interconexión de las comunidades fronterizas, las realidades de los desplazamientos transfronterizos y las implicaciones humanitarias de las políticas de aplicación de la ley.

Un agradecimiento especial a Clay Howard, María Esther Hammack y Andrea Constant por su ayuda con este artículo.